El 17 de julio del presente año, el presidente Jimmy Morales declaró un estado de Calamidad con el fin de recuperar la red vial. Después de tanto tiempo en el que la burocracia administrativa del Estado ha evitado que el Ejecutivo pueda actuar, Jimmy ha tomado una decisión que, si bien fue muy criticada, aplaudo.
Un estado de Calamidad es una de las situaciones especiales dentro de la Ley de Orden Público. Establece que el Organismo Ejecutivo puede utilizar este decreto para evitar posibles daños por cualquier calamidad que azote al país o a una determinada región, reduciendo los efectos de la misma.
Dentro de las medidas que puede tomar el Ejecutivo se encuentran:
1) Centralizar los servicios públicos, estatales o privados en la forma que el estado de Calamidad lo requiera.
2) Limitar el derecho de libre locomoción.
3) Exigir de particulares el auxilio o cooperación necesaria para mejorar la situación de las zonas afectadas.
4) Prohibir espectáculos públicos y/o cualquier clase de reunión.
5) establecer precios máximos y mínimos para artículos de primera necesidad.
¿Qué es lo que intenta el Presidente Morales al declarar estado de Calamidad?
Desde que el actual gobierno tomó posesión de la administración pública, el tema de carreteras no ha podido ser atendido. Esto se debe a los impedimentos del derecho administrativo que regula la administración de los servicios del Estado, la cual rige y limita a todos los servidores públicos. El principal obstáculo que tenía el Ministerio de Comunicaciones era la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Era imposible empezar a reparar las carreteras hasta que se finalizarán o liquidarán los contratos establecidos por el gobierno anterior con empresas como Oderbrecht y otras que actualmente se ven vinculadas en casos de corrupción. Problema que se ve eliminado, al menos monetariamente, tras la declaración de estado de Calamidad. Otra acción reciente del presidente ha sido el presentar dos iniciativas de ley al congreso para liquidar a las empresas constructoras con problemas legales.
Pocas veces, durante su administración, Jimmy Morales ha actuado inteligentemente en lo referente a situaciones como estas. Sin embargo, a través de esta declaración, se ve un compromiso latente por parte del ejecutivo de atender los clamores de la población guatemalteca y trabajar sobrepasando obstáculos para mejorar el desarrollo del país. Las necesidades del pueblo son primero y las carreteras son esenciales para la movilización de productos. El anterior ministro de comunicaciones dejó en crisis el sistema vial y, después de casi dos años de gobierno, el Ejecutivo por fin ha decidido actuar firmemente para solucionar el problema.
Lamentablemente, el Congreso de la República de Guatemala ha votado en contra del estado de Calamidad, limitando al Ejecutivo ,instrumentalmente, para lograr su objetivo. Gracias a los diputados, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en colaboración con otras instituciones del Estado, no tienen el apoyo necesario ni el respaldo legal para mejorar la infraestructura de Guatemala. Carreteras que requieren meses para reparar y mejorar serán solamente atendidas de manera rápida, limitándose a bacheos y mejoras mínimas. El cuerpo de ingenieros del ejército ya fue trasladado a la carretera entre Escuintla y Siquinalá para iniciar reparaciones. Sin embargo, otras carreteras que han sido literalmente destruidas, como la que conecta a Quetzaltenango con Retalhuleu, van a tener que esperar a que se solvente la situación legal administrativa del CIV y las empresas anteriormente contratadas.
Durante los inicios de su administración, el presidente Morales se enemistó con el Congreso, logrando únicamente limitar y dificultar su gestión presidencial. El poder público no es solamente el Presidente. El Congreso juega una parte de suma importancia en la ejecución de la administración pública, y son ellos, actualmente, quienes limitan el desarrollo del país.