Estamos en un año que puede decidir, en muchos aspectos, el futuro político del país, mientras observamos los frutos de la conciencia social que despertó en los guatemaltecos el año pasado. Y como parte de tales frutos hemos llegado a la ponencia de las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Como sociedad, no solemos dar mucha importancia a las reformas a menos que causen polémica, pero es que en la jerarquía normativa de nuestra República, esta ley (junto con las otras tres constitucionales) no tiene nada por encima además de la Constitución, en la materia que la norma.
Estamos hablando del deseo de una reforma estructural a nuestro modo de elegir, para impulsar la representatividad en los políticos y disminuir la corrupción, eliminando prácticas como el transfuguismo y el clientelismo. Y, al mismo tiempo, estamos hablando de una realidad distinta y desalentadora.
La propuesta de las reformas sucede en un período particularmente oscuro. Considerando que es una ley reformada aproximadamente cada quince años, este año la Corte de Constitucionalidad recibe la propuesta del Congreso como una jugosa invitación a demostrar que quieren ser reelectos. Y es que en nuestro sistema político, un magistrado que piensa a futuro se da cuenta que sin favorecer a nadie, su carrera como tal podría durar solamente cinco años. Y ninguno de ellos quiere eso. Al fin y al cabo, es el máximo poder jurídico, ¿o no? Por eso, bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza no dudan en mostrar su complacido apoyo a las reformas porque son “lo que necesita el país”. Pero las incongruencias no terminan nunca.
Tenemos Leyes muy bonitas, excelentemente redactadas y mejor estructuradas, pero que muchas veces, no dicen nada, no cambian nada. Por eso es fácil, por ejemplo, hacer cambios para nada sustanciales en la propuesta de reformas. Por ejemplo, establecer el derecho de voto para extranjeros, determinar el período durante el cual el Secretario General de un partido tiene a su cargo la representatividad legal del mismo, o permitir la cancelación de partidos y postulaciones entrado ya el proceso electoral pero delegando la decisión de las circunstancias que provoquen tal sanción a nada más y nada menos que al Congreso.
Luego, están los cambios más sustanciales que los diputados han utilizado como excusa para atrancar el avance de las reformas: la paridad en los listados, por ejemplo. El debate generado a su alrededor propicia que los diputados (y la CC) presenten reformas superficiales que no atraen debate porque nadie puede estar a favor ni en contra de cambios que no modifican ni mejoran el sistema. Además, el común argumento de que aún tenemos tiempo para reformar la ley solo demuestra burocracia de su parte, cuando lo que necesitamos es tiempo para aplicarla con efectividad.
Mientras tanto, muchos seguimos soñando con un sistema electoral que no sea sólo democrático, sino que sea representativo. Un sistema que sancione prácticas clientelares y corruptas y que coarte el vicio de hacer del gobierno el negocio más rentable. Un sistema que nos permita elegir al diputado que nos represente, y no al listado que menos repugnancia nos cause o del que menos actos de corrupción se haya sabido.
Y es que no tiene sentido que luego de diez años de intentar reformar la ley en cuestión, sea este preciso momento, de tanta turbidez política, en el que se procese tan rápido una reforma. Esto, porque sigue existiendo negligencia de los congresistas para tratar los temas de fondo y actualizar la ley, dándole la figura reguladora, y haciendo competentes a los organismos fiscalizadores. ¿Cómo pretende el Congreso permitir que se le fiscalice si en la teoría aprueba la acción reguladora del Tribunal Supremo Electoral pero no incrementa el presupuesto para su función? ¿Qué función, en cambio, pretende el incremento del financiamiento público de los partidos políticos por voto a favor en un 100% de su valor actual (de US$ 2 millones a US$4 millones)? ¿No favorece esto la creación de partidos fantasma, creados para perder en votaciones pero para ganar en millones de dólares, como es el caso del PRI?
Lastimosamente, las Leyes siempre van un paso atrás de la realidad sociopolítica. Por eso, es importante luchar por una Ley que se revise luego de cada período electoral, que se reforme si es necesario, en un período no mayor a un año posterior a tal actividad, para que dispongamos de suficiente tiempo para la aplicación, fiscalización y penalización de los casos pertinentes. Lo importante es una Ley que reforme la estructura, y no sólo sus textos
Estamos hablando del deseo de una reforma estructural a nuestro modo de elegir, para impulsar la representatividad en los políticos y disminuir la corrupción, eliminando prácticas como el transfuguismo y el clientelismo. Y, al mismo tiempo, estamos hablando de una realidad distinta y desalentadora.
La propuesta de las reformas sucede en un período particularmente oscuro. Considerando que es una ley reformada aproximadamente cada quince años, este año la Corte de Constitucionalidad recibe la propuesta del Congreso como una jugosa invitación a demostrar que quieren ser reelectos. Y es que en nuestro sistema político, un magistrado que piensa a futuro se da cuenta que sin favorecer a nadie, su carrera como tal podría durar solamente cinco años. Y ninguno de ellos quiere eso. Al fin y al cabo, es el máximo poder jurídico, ¿o no? Por eso, bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza no dudan en mostrar su complacido apoyo a las reformas porque son “lo que necesita el país”. Pero las incongruencias no terminan nunca.
Tenemos Leyes muy bonitas, excelentemente redactadas y mejor estructuradas, pero que muchas veces, no dicen nada, no cambian nada. Por eso es fácil, por ejemplo, hacer cambios para nada sustanciales en la propuesta de reformas. Por ejemplo, establecer el derecho de voto para extranjeros, determinar el período durante el cual el Secretario General de un partido tiene a su cargo la representatividad legal del mismo, o permitir la cancelación de partidos y postulaciones entrado ya el proceso electoral pero delegando la decisión de las circunstancias que provoquen tal sanción a nada más y nada menos que al Congreso.
Luego, están los cambios más sustanciales que los diputados han utilizado como excusa para atrancar el avance de las reformas: la paridad en los listados, por ejemplo. El debate generado a su alrededor propicia que los diputados (y la CC) presenten reformas superficiales que no atraen debate porque nadie puede estar a favor ni en contra de cambios que no modifican ni mejoran el sistema. Además, el común argumento de que aún tenemos tiempo para reformar la ley solo demuestra burocracia de su parte, cuando lo que necesitamos es tiempo para aplicarla con efectividad.
Mientras tanto, muchos seguimos soñando con un sistema electoral que no sea sólo democrático, sino que sea representativo. Un sistema que sancione prácticas clientelares y corruptas y que coarte el vicio de hacer del gobierno el negocio más rentable. Un sistema que nos permita elegir al diputado que nos represente, y no al listado que menos repugnancia nos cause o del que menos actos de corrupción se haya sabido.
Y es que no tiene sentido que luego de diez años de intentar reformar la ley en cuestión, sea este preciso momento, de tanta turbidez política, en el que se procese tan rápido una reforma. Esto, porque sigue existiendo negligencia de los congresistas para tratar los temas de fondo y actualizar la ley, dándole la figura reguladora, y haciendo competentes a los organismos fiscalizadores. ¿Cómo pretende el Congreso permitir que se le fiscalice si en la teoría aprueba la acción reguladora del Tribunal Supremo Electoral pero no incrementa el presupuesto para su función? ¿Qué función, en cambio, pretende el incremento del financiamiento público de los partidos políticos por voto a favor en un 100% de su valor actual (de US$ 2 millones a US$4 millones)? ¿No favorece esto la creación de partidos fantasma, creados para perder en votaciones pero para ganar en millones de dólares, como es el caso del PRI?
Lastimosamente, las Leyes siempre van un paso atrás de la realidad sociopolítica. Por eso, es importante luchar por una Ley que se revise luego de cada período electoral, que se reforme si es necesario, en un período no mayor a un año posterior a tal actividad, para que dispongamos de suficiente tiempo para la aplicación, fiscalización y penalización de los casos pertinentes. Lo importante es una Ley que reforme la estructura, y no sólo sus textos