En Guatemala vivimos en un país donde diecisiete personas son asesinadas al día. Es un poco evidente que la población se sienta impotente al ver que las autoridades no logran poner fin a las olas de violencia que nos azotan diariamente. La capacidad de respuesta de las entidades encargadas de administrar seguridad y justicia es nula. Los ciudadanos NO nos sentimos seguros. Pero, ¿en verdad resolvería la pena de muerte la delincuencia en Guatemala? ¿representaría el camino hacia una sociedad con mayor justicia?
Hace dos semanas la exdiputada Zury Ríos presentó, junto a la Asociación Hoy por Guatemala, una moción para reactivar la pena de muerte en el Estado de Guatemala. Según sus estadísticas 86% de la población exige que se tome esta medida para poner fin a la violencia en nuestro país. Dirijo esta columna de opinión a aquellas personas que defienden la libertad, pero avalan la pena de muerte. También a aquellos indecisos que buscan en diferentes opiniones cuál es la postura que se apegue a sus ideales.
La implementación de la pena de muerte en un Estado no es un factor que reduzca los niveles de criminalidad ya que es una medida bastante superficial. Es decir, requiere más análisis que tan solo decir “¡Que los maten porque violan nuestros derechos!”. Entonces de igual forma esta condena es una transgresión al derecho de la vida. Pareciera ser más una medida de venganza y no para administrar justicia.
Además debemos tomar en cuenta que vivimos en Guatemala, un país en que los niveles de impunidad van de un 80%-90%. Que le digan al asesino que lo van a penalizar con su vida no le quita el sueño. Parece una victoria para la ciudadanía, que exige a su Gobierno mejorar la calidad de vida; pero esto puede ser bien un arma de doble filo.
El Gobierno tiene como función proteger la integridad de los ciudadanos y establecer normas de conducta para favorecer una sociedad libre. No debe tener poder sobre la vida de los ciudadanos. ¿Realmente le queremos dar ese poder? Ya nos hemos dado cuenta que un gobierno puede desfalcar las arcas del Estado. Estamos dentro de los países más corruptos del mundo. ¿Qué garantías tenemos que el gobierno no se corromperá más al tener poder sobre la vida de los ciudadanos?
Lo ideal sería que el sistema penitenciario cumpliera su verdadera función, pero del papel a la realidad, hay un sinfín de procesos burocráticos. Promover la reinserción social de los que cometen crímenes debe ser prioridad, de esta forma, más adelante podrán cumplir con sus deberes ciudadanos. Esa es la verdadera función de los sistemas penitenciarios, no que gocen de los privilegios a costas de los tributarios.
Es por esto que si aniquilamos la causa, en este caso el asesino, no se acaban con ella sus efectos; es decir, los índices de violencia del país. Favorecer la pena de muerte en un Estado lleno de impunidad y corrupción es darle más poder al gobierno, y ahora no solo se trata de dinero, sino de la vida de los ciudadanos. Porque muerto el perro no se acaba la rabia y requiere de un proceso que tome más tiempo, pero que probablemente tenga resultados más eficaces y eficientes. No se trata de fomentar una medida superficial y vengativa, sino de fomentar medidas que nos garanticen que en nuestro país habrá seguridad y justicia.
Hace dos semanas la exdiputada Zury Ríos presentó, junto a la Asociación Hoy por Guatemala, una moción para reactivar la pena de muerte en el Estado de Guatemala. Según sus estadísticas 86% de la población exige que se tome esta medida para poner fin a la violencia en nuestro país. Dirijo esta columna de opinión a aquellas personas que defienden la libertad, pero avalan la pena de muerte. También a aquellos indecisos que buscan en diferentes opiniones cuál es la postura que se apegue a sus ideales.
La implementación de la pena de muerte en un Estado no es un factor que reduzca los niveles de criminalidad ya que es una medida bastante superficial. Es decir, requiere más análisis que tan solo decir “¡Que los maten porque violan nuestros derechos!”. Entonces de igual forma esta condena es una transgresión al derecho de la vida. Pareciera ser más una medida de venganza y no para administrar justicia.
Además debemos tomar en cuenta que vivimos en Guatemala, un país en que los niveles de impunidad van de un 80%-90%. Que le digan al asesino que lo van a penalizar con su vida no le quita el sueño. Parece una victoria para la ciudadanía, que exige a su Gobierno mejorar la calidad de vida; pero esto puede ser bien un arma de doble filo.
El Gobierno tiene como función proteger la integridad de los ciudadanos y establecer normas de conducta para favorecer una sociedad libre. No debe tener poder sobre la vida de los ciudadanos. ¿Realmente le queremos dar ese poder? Ya nos hemos dado cuenta que un gobierno puede desfalcar las arcas del Estado. Estamos dentro de los países más corruptos del mundo. ¿Qué garantías tenemos que el gobierno no se corromperá más al tener poder sobre la vida de los ciudadanos?
Lo ideal sería que el sistema penitenciario cumpliera su verdadera función, pero del papel a la realidad, hay un sinfín de procesos burocráticos. Promover la reinserción social de los que cometen crímenes debe ser prioridad, de esta forma, más adelante podrán cumplir con sus deberes ciudadanos. Esa es la verdadera función de los sistemas penitenciarios, no que gocen de los privilegios a costas de los tributarios.
Es por esto que si aniquilamos la causa, en este caso el asesino, no se acaban con ella sus efectos; es decir, los índices de violencia del país. Favorecer la pena de muerte en un Estado lleno de impunidad y corrupción es darle más poder al gobierno, y ahora no solo se trata de dinero, sino de la vida de los ciudadanos. Porque muerto el perro no se acaba la rabia y requiere de un proceso que tome más tiempo, pero que probablemente tenga resultados más eficaces y eficientes. No se trata de fomentar una medida superficial y vengativa, sino de fomentar medidas que nos garanticen que en nuestro país habrá seguridad y justicia.
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